jueves, 21 de abril de 2011

Jaque Matte

El gobierno de Sebastián Piñera se ha caracterizado por combinar una inconmensurable perspectiva económica y una relación privilegiada con el sector privado. Pero desde el primer día enfrentó problemas internos que le impidieron un mejor despegue. El rescate de los 33 mineros de Atacama se transformó en el veranito de San Juan en medio de un lento ciclo de adaptación y una cadena de conflictos políticos que ya han costado tres bulliciosas salidas en los ministerios de Defensa, Vivienda y la Intendencia del Biobío.

La pregunta es: ¿Cuál es el problema? El primero tiene que ver con las relaciones políticas dentro de la Derecha. El Presidente privilegió en su gabinete ministerial las cualidades técnicas y la cercanía personal de los elegidos. Con esto queda claro que desde su propio sector afirmaron que este era el gobierno de "Piñera" y no de la Coalición. Pero a la decisión presidencial se agregó una histórica desconfianza entre la UDI y RN que se tradujo en un juego de suma cero: lo que pierde la UDI, lo gana RN, y viceversa.

El segundo tópico guarda relación con la gestión del Estado. Se ha insistido hasta el cansancio en la falta de experiencia de las nuevas autoridades en la administración estatal. El argumento, aunque plausible, no justifica los errores cometidos hasta la fecha. Si bien se trata de una elite política que no fue parte del Poder Ejecutivo por 20 años, tampoco han estado ajenos del funcionamiento de la administración pública.

El problema que gatilla el caso Kodama es otro: las dificultades de establecer un sistema de toma de decisiones a nivel central con altas capacidades de gestión y control (lo que se ha denominado la Alta Gerencia Pública). Esto se hace más dramático en un sistema político de alternancia en el poder cada cuatro años y donde la derrota de una coalición implica muchas veces reinventar la rueda.

De esta manera y al no existir una máquina estatal debidamente aceitada que encienda luces de alerta ante decisiones trascendentes, el peso de ellas se inclina siempre hacia la autoridad política principal. Es decir, mientras más precario es el sistema de toma de decisiones, mayor es la responsabilidad que recae en las manos de un ministro o ministra.

Las declaraciones de la ex asesora del Ministerio de Vivienda Carolina Arrau son ilustrativas a este respecto. El fiscal Morales le preguntó por qué estaba su firma en el polémico decreto de autorización del pago a Kodama si su función era la de asesora legislativa. Ella respondió que la persona que debía hacerlo ese día no se hallaba en el ministerio. Precisamente, cuando los procedimientos son débiles se producen estas situaciones. Construir un Estado en forma implica reducir al mínimo posible la discrecionalidad humana y aquello parece que no estaba sucediendo.

Ahora bien, para el gobierno se plantea otro dilema: ¿Cómo reaccionará frente al próximo "condoro" de alguna autoridad política de su sector? El precedente establecido es mediante la renuncia para evitar el jaque mate opositor. Sin duda, una fuerte presión para los ministros que ojalá, para la próxima ocasión, firmarán decretos respaldados por funcionarios que se encuentran en sus oficinas.

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